MUERTE A LA PENA DE MUERTE

La pena de muerte está en crisis en los Estados Unidos. Ni los más aguerridos abolicionistas hubieran imaginado la complicidad de la industria farmacéutica en su lucha contra la pena de muerte. En USA, más de 30 estados siguen aplicando la pena de muerte como solución final en su sistema jurídico, pero se están quedando sin los fármacos mortales.

La inyección letal es el método más habitual. Se considera la manera menos dolorosa e inhumana. El protocolo mortal consta de 3 fases. Primero, se administra un analgésico (tiopental sódico) para aturdir y mitigar el dolor del reo. En segundo lugar, se le inyecta un agente paralizante muscular (bromuro de pancuromio) y, finalmente, la tercera inyección paraliza el corazón (cloruro de potasio). El efecto mortal llega entre los 5 y 20 minutos después de aplicar el cóctel de fármacos. Existen casos que han superado este límite convencional. En 2066, Ángel Nieves, en el estado de Florida, aguantó 34 minutos hasta su expiración final. Su hígado le impedía metabolizar las sustancias químicas. Pero en 2009, en Ohio, Romell Broom superó todos los records. Aguantó 18 pinchazos en 3 horas y tuvo que ser aplazada la ejecución a la siguiente semana. Antes del segundo intento, Broom firmó una declaración jurada ante notario para que fuese creíble el macabro acontecimiento.

Hospira, la farmacéutica norteamericana, ha decidido no seguir fabricando el tiopental. Su sede italiana de Milán sí lo fabrica, pero no lo puede utilizar para la aplicación de la pena de muerte, porque el gobierno italiano se lo prohíbe. Otros países europeos, donde se fabrican estos productos, también se oponen. Esta medida penal extrema no suele estar contemplada en los sistemas jurídicos de los países democráticos occidentales, socios habituales de los norteamericanos.

A esta crisis química se ha unido el alto coste del corredor de la muerte. Otra estocada a la pena de muerte. Más de 300 millones de dólares es el coste por ejecución en California. Un estudio realizado por Arthur Alarcón, juez, y Paula Mitchell, profesora de derecho, han publicado dicho estudio en Los Ángeles Times. La abolición supondría unos 1000 millones de dólares de ahorro en los próximos 5 años.

Además de lo inhumano de la pena de muerte, la crisis económica y la conciencia química le están poniendo cerco.