LA EDUCACIÓN EN LA II REPÚBLICA

Mañana se conmemora el 80 aniversario de la proclamación de la II República Española. Viene al caso escribir unas cuantas líneas sobre la educación republicana, porque la educación fue, quizás, la obra más importante de la República, especialmente en la enseñanza primaria y la educación popular, así, al menos, es reconocida entre los especialistas en el tema.

El 14 de abril de 1.931 se proclamaba la República. Unos días antes, se habían celebrado las elecciones municipales, en las que los partidos antimonárquicos habían conseguido el triunfo en las principales ciudades. El rey, Alfonso XIII, visto el cariz que tomaban los acontecimientos, decidía dar por finalizado su borbónico reinado y emprendía su camino hacia el exilio.

El nuevo gobierno provisional tiene que afrontar una serie de reformas, algunas de ellas urgentes. En 1.900, el índice de analfabetismo en España está en el 57%, en Andalucía en el 74,7%. En 1920, sigue en el 52% en España y en Andalucía el índice sigue por encima del 70%. A esta situación de hambruna cultural y educativa, hay que añadir, teniendo en cuenta el crecimiento vegetativo de la población, el déficit en construcciones escolares desde el inicio del s. XX. La reforma educativa era inaplazable.

La reforma educativa republicana, especialmente en el primer bienio, estaba inspirada por socialistas formados en la Institución Libre de Enseñanza (ILE) y constituye un hito pedagógico en la historia de la educación en España. Despertó el entusiasmo y la motivación de los educadores de su tiempo. El advenimiento republicano del 14 de abril no puede decirse que sorprendiera a las personas que iban a responsabilizarse de las tareas educativas. El socialismo aportaba el soporte político y la ILE proporcionaba las ideas docentes. Además, ya en 1.918 en el congreso del PSOE, Lorenzo Luzuriaga había planteado las bases reformadoras de la educación pública que, en buena parte, pasarán a integrar las discusiones parlamentarias sobre la Constitución.

Mientras el primer bienio estuvo marcado por las ideas reformadoras y rupturistas con la línea anterior; el segundo se caracterizará por la contención y revisión de lo realizado. El resto de tiempo, hasta la guerra civil, es un intento apresurado de restitución de lo hecho en la primera etapa.

En el primer bienio, la homogeneidad va a ser el elemento característico en lo humano y las ideas. Sólo dos Ministros entre el 31 y el 33: Marcelino Domingo, maestro, y Fernando de los Ríos, catedrático. Un solo Subsecretario, Domingo Barnés, catedrático, y un solo Director General de Primera Enseñanza, Rodolfo Llopis, profesor de Magisterio, sin duda el hombre del bienio. Este periodo de tiempo ocupa lo más sustantivo de las reformas y de las ilusiones pedagógicas.

Domingo, en el gobierno provisional y preconstitucional, inicia su andadura sin un programa educativo debatido y sin marco constitucional. Sin embargo, encaró la tarea, sin la lógica provisionalidad, con vehemencia y decisión; llegando a veces a la improvisación. La Gaceta se vio poblada de decretos y disposiciones, que llegaran a marcar el contenido de la reforma educativa. Va a sembrar el país de escuelas públicas (hacían falta 27.000), además de preocuparse por la calidad del sistema. La escuela no sólo debería utilizarse para los fines educativos, sino que había de servir como palanca de transformación social. Sus primeros decretos tratan sobre la regulación del bilingüismo en Cataluña, de la no obligatoriedad de la instrucción religiosa y de la reforma del Consejo de Instrucción Pública.

Sus ocho meses de gobierno son una sucesión ininterrumpida de medidas relevantes: se dictan normas para los nuevos cursillos de selección docente, se reforman las Escuelas Normales de Magisterio, se reforma la Inspección, se eleva el sueldo a los maestros a 3.000 pesetas, se exige el título de bachiller para acceder al Magisterio, etc.

Un concepto va a ser clave en este periodo reformador: la escuela unificada. Va a ser el elemento aglutinador tras el cual las reformas educativas encontrarán sentido. El término presenta cierta confusión y variadas interpretaciones. Desde una visión docente, la escuela unificada se interpreta como un modelo organizativo de las instituciones docentes. Suponía un esfuerzo por dotar de unidad y coherencia a los periodos educativos, alejándolos de las clásicas divisiones. Desde otro ángulo, la escuela unificada significaba el deseo monopolizador y excluyente del Estado y su decisión de reducir a una oferta única la enseñanza del país. No era sólo el concepto de “propiedad” de las instituciones de enseñanza lo que se decidía, sino también los rasgos identitarios del planteamiento educativo. La escuela unificada se concibe como gratuita, obligatoria, laica y coeducativa.

Superados los momentos de euforia inicial, el ministerio de Fernando de los Ríos tiene que afrontar cambios encaminados para adecuar la marcha de la reforma educativa: elaboración de un plan global de la enseñanza y la estructuración de los servicios administrativos. De los Ríos promueve la Ley de Instrucción Pública para ir acomodándose a los preceptos constitucionales. Un primer contratiempo será el parón en el programa de construcciones escolares, como consecuencia de la crisis económica del 32 que llega a los presupuestos ministeriales. Pero las reformas continúan a pesar de los avatares económicos: impulso metodológico, programa de becas, cambo ideológico plasmado en el laicismo escolar, son algunas de las novedades de la época. En esta etapa va a sobresalir el contenido laicista y sus consecuencias. Fruto de este impulso laicista son la supresión de la Compañía de Jesús (23-1-32) y la incautación de sus centros, medidas que van a tener un alto coste en lo educativo y en la convivencia del país. La Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas va a ser el otro gran pilar del laicismo. La ley, de gran impacto social, supone la prohibición de enseñar a las órdenes religiosas. Se produce una gran discusión en los planos teórico y legislativo. Para unos 700.000 alumnos se verían afectados y la operación se cifraba en 1.000 millones de pesetas, cuatro veces el presupuesto ministerial. De los Ríos rebaja la cifra a unos 350.000 alumnos y con el plan de construcciones escolares se preveía hacer frente a la sustitución. Aprobada la ley, se produce lo que ha venido en llamarse la “Autosustitución”, es decir, se ceden los centros a sociedades no religiosas y, por lo tanto, no afectadas por la ley, pero de hecho se continúa con el ideario religioso. En el verano del 33, los vaivenes políticos y la perdida de la cohesión del equipo ministerial hacían que la oferta de la escuela unificada quedara en entredicho. La dimisión de Fernando de los Ríos se hace efectiva en junio del 33.

Si la homogeneidad había primado en la primera etapa, ahora a ser la heterogeneidad lo predominante: 10 ministro se suceden en la cartera de educación, con una media de 2 mese y medio en el cargo. Tras las elecciones de diciembre de 1.933, los partidos radical-cedistas se hacen con el poder. Se produce un cambio en la concepción docente. Algunas medidas educativas son desmanteladas; otras sufren un fuerte frenazo, aunque, incompresiblemente, podría haberse mantenido cierto consenso. Surgen grupos de opinión que se suman al coro de reprobaciones o de aciertos según les convenga. Estos grupos contribuyen a definir el mapa ideológico y social de España, movilizando masas y corrientes de opinión. Es este periodo se produce una paralización de la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas. Otras medidas son retocadas: coeducación, acceso al Magisterio o la Inspección educativa.

Con el triunfo del Frente Popular en febrero del 36, se produce un intento apresurado de restituir las medidas del primer bienio. Marcelino Domingo y Francisco Barnés van a ocupar la cartera de Instrucción Pública hasta el estallido de la guerra civil. El sueño republicano ha terminado. La guerra fraticida suena como un despertar atronador que hace desvanecerse la utopía republicana.