CAUSA GENERAL, Común Denominador.

El término Causa General tiene su origen en la jurisprudencia franquista. Concretamente, después de la Guerra Civil española, el Ministerio Fiscal promovió un proceso de investigación sobre los delitos cometidos por los “rojos” durante la contienda. El impulsor de la medida fue Eduardo Aunós, ministro de Justicia franquista.

En los últimos días, Partido Popular y PSOE coincidían en calificar las acciones judiciales a las que están sometidos por sus tropelías y corruptelas como “Causa General”. Es evidente que quieren desprestigiar las acciones judiciales en los casos de “Bárcenas y los EREs”. Escuchaba la radio el otro día, Ondacero, y Carlos Floriano, dirigente popular, hablada de la “causa general” a la que estaba sometido su partido por lo de Bárcenas. Pero, en Andalucía, Mario Jiménez, del PSOE, ante el impulso dado por la jueza Alaya con la imputación de Magdalena Álvarez en el caso de los “EREs”, tachaba la decisión judicial como una “causa general” contra su partido en los medios de comunicación.

.Pobres ambos, están sometidos a un proceso judicial de escaso rigor jurídico con tintes fascistas. Más parece un proceso inquisitorial que otra cosa. No han cometido ningún delito, sólo nosotros al votarlos.

DINERO PÚBLICO

En el siglo I, Tito, hijo del emperador Vespasiano, recriminaba a su padre el cobro de impuestos sobre las letrinas públicas. Vespasiano acercó un puñado de monedas a su hijo y le preguntó a qué olían. Tito respondió, “Non olet”. El emperador le replicó, “y sin embargo procede de la orina”. La expresión “No olet” fue utilizada por Rafael Sánchez Ferlosio para titular un magnífico libro de ensayos sobre el dinero (Destino, 2003). En él se analiza el poder del dinero y su capacidad de implicación en los distintos sectores de las relaciones humanas. También, la anécdota imperial puede servir para ilustrar la preocupación de nuestros gobernantes, en determinados momentos, por el origen y uso de los impuestos; para luego mostrar un escaso reparo en la utilización de esos impuestos cuando están en el poder.
En el frontispicio de la estulticia figura grabada la expresión, “El dinero público no es de nadie”. Tan desafortunada expresión fue pronunciada por Carmen Calvo, socialista y ministra con José Luís Rodríguez Zapatero, en este siglo XXI. Sirva de ejemplo la expresión para resumir la escasa preocupación y el desinterés político en el uso racional del dinero público; es decir, de los impuestos.
En la actualidad, estamos viviendo la crisis económica más importante desde el final de la II guerra mundial. Llevamos más de 3 años inmersos en una crisis de la que nos decían, hasta hacer poco, que estábamos a punto de salir; pero la realidad es bien distinta: el paro sigue creciendo, los embargos por impago aumentan día a día y las empresas no paran de quebrar. La responsabilidad es clara: la voracidad del mundo financiero, la falta de previsión de los políticos y el mal uso del dinero público y, por último, los menos responsables, los ciudadanos, que vivieron por encima de sus posibilidades, hipnotizados por el consumo desenfrenado y el dinero fácil.
En la tercera del ABC (22-1-12), Antonio Garrigues Walker publica un artículo titulado “Corrupción y Transparencia”, en el que analiza algunas de las claves de la crisis. Creo que no hace falta ser más explícito sobre el contenido, porque el título, por sí solo, es lo suficientemente claro para no reincidir más. No obstante, Garrigues aporta algunas ideas a tener en cuenta en época de crisis, para, a continuación, plantear que hay que reforzar principios básicos como solidaridad, positividad, energía moral y esfuerzo colectivo. Pero, sin duda, lo mejor del artículo son las tres grandes lecciones que tenemos que aprender de esta crisis: no se puede gastar más de lo que se tiene; todas las burbujas explotan y que sin ética no hay sostenibilidad, no hay futuro.

MARTA DEL CASTILLO

Ya hemos conocido la sentencia del caso de Marta. Sólo se condena a Miguel Carcaño a 20 años por asesinato. No se le condena por ninguna otra causa: violación y demás delitos. Los otros inculpados: su amigo Samuel, el Cuco y el hermano de Miguel y su novia, nada de nada, han salido de rositas.

Dicen algunos sectores de la justicia (intencionadamente en minúscula) que la sentencia es ejemplar; quizás lleven razón, yo no tengo fundamentos jurídicos para rebatir la sentencia. Pero socialmente, para la ciudadanía de a pie, la profana en materia jurídica, la sentencia es incomprensible, inaceptable, insuficiente, causa un chirrío social, que pone en duda la fiabilidad de la justicia. Los padres de Marta sólo quieren saber dónde está el cadáver de su hija y justicia. El asesino y sus compinches han urdido un plan para que el cuerpo no aparezca y así poder ocultar si hubo violación, participación de otras personas, vejaciones o sabe Dios qué otras cosas.
Este caso plantea muchas dudas: ¿utilidad de la ley del menor? ¿la policía actuó tarde, bien, mal? ¿la justicia ha servido a la sociedad? ¿cómo podemos conseguir la verdad de los culpables? ¿podrá descansar en paz Marta?
La justicia se representa con la figura de la diosa Temis con los ojos vendados; nunca mejor dicho, vendados porque no ha sabido sacar la verdad a flote.

Marta, qué la tierra te sea ligera.

PERDIDA

Perdida en el monte. Una turista holandesa se pierde en la sierra malagueña durante 18 días, hasta que es encontrada por unos montañeros y rescatada por la Benemérita. Esta es la noticia que ha ocupado tinta y vídeos durante un par de días.

¿A quién se le ocurre ir a una sierra que no conoce sola? ¿Cómo se pasan 18 días sólo con agua y con unas hierbecillas? Aquí hay algo raro. Entre la gente que anda por el campo, lo que ha ocurrido no tiene mucha explicación. Sólo los que conocen muy bien el campo se atreverían a ir solos. Además, irían a terrenos conocidos, nunca se adentrarían en zonas desconocidas. Lo de la holandesa no es una heroicidad, más bien una insensatez. Un riesgo inútil, que ha podido poner en peligro a otras personas.

En fin, nunca dejará de sorprendernos la condición humana.

MUERTE A LA PENA DE MUERTE

La pena de muerte está en crisis en los Estados Unidos. Ni los más aguerridos abolicionistas hubieran imaginado la complicidad de la industria farmacéutica en su lucha contra la pena de muerte. En USA, más de 30 estados siguen aplicando la pena de muerte como solución final en su sistema jurídico, pero se están quedando sin los fármacos mortales.

La inyección letal es el método más habitual. Se considera la manera menos dolorosa e inhumana. El protocolo mortal consta de 3 fases. Primero, se administra un analgésico (tiopental sódico) para aturdir y mitigar el dolor del reo. En segundo lugar, se le inyecta un agente paralizante muscular (bromuro de pancuromio) y, finalmente, la tercera inyección paraliza el corazón (cloruro de potasio). El efecto mortal llega entre los 5 y 20 minutos después de aplicar el cóctel de fármacos. Existen casos que han superado este límite convencional. En 2066, Ángel Nieves, en el estado de Florida, aguantó 34 minutos hasta su expiración final. Su hígado le impedía metabolizar las sustancias químicas. Pero en 2009, en Ohio, Romell Broom superó todos los records. Aguantó 18 pinchazos en 3 horas y tuvo que ser aplazada la ejecución a la siguiente semana. Antes del segundo intento, Broom firmó una declaración jurada ante notario para que fuese creíble el macabro acontecimiento.

Hospira, la farmacéutica norteamericana, ha decidido no seguir fabricando el tiopental. Su sede italiana de Milán sí lo fabrica, pero no lo puede utilizar para la aplicación de la pena de muerte, porque el gobierno italiano se lo prohíbe. Otros países europeos, donde se fabrican estos productos, también se oponen. Esta medida penal extrema no suele estar contemplada en los sistemas jurídicos de los países democráticos occidentales, socios habituales de los norteamericanos.

A esta crisis química se ha unido el alto coste del corredor de la muerte. Otra estocada a la pena de muerte. Más de 300 millones de dólares es el coste por ejecución en California. Un estudio realizado por Arthur Alarcón, juez, y Paula Mitchell, profesora de derecho, han publicado dicho estudio en Los Ángeles Times. La abolición supondría unos 1000 millones de dólares de ahorro en los próximos 5 años.

Además de lo inhumano de la pena de muerte, la crisis económica y la conciencia química le están poniendo cerco.

JAPÓN

SOLIDARIDAD